Un estudio apunta a que este año podría finalizar con un 15% más de desalojos que el año pasado
El informe critica la poca coordinación entre las oficinas de intermediación de las administraciones, así como su escasa difusión entre los afectados
Jose Torres
Sólamente en los seis primeros meses del año, los jueces ordenaron en la
provincia de Málaga 2.055 desahucios a razón de once lanzamientos
diarios, según unos datos del Consejo General del Poder Judicial que
subrayan que entre los dos primeros trimestres del año ya se habían
cubierto el 63% de los desahucios de todo el año pasado (3.280).
Sin embargo, la estimación del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Málaga no es demasiado optimista, ya que su presidente, Rafael Arredondo, aseguró ayer que 2012 podría cerrarse con un 15% más de desahucios que en 2011, por lo que el total podría rondar los 4.300. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Realidad, perspectivas e intervenciones ante los desahucios, presentado ayer conjuntamente por los trabajadores sociales, la Oficina de Intermediación Hipotecaria del Colegio de Abogados y la asociación Soluciona.
Otros datos alarmantes que el informe extrae de un estudio municipal fechado en junio de este año son la tasa de riesgo de pobreza en la capital malagueña, que se sitúa en 22,58%, un 1,48% más que la media nacional; cómo Málaga rebasa el índice de miseria del país tras triplicar su pobreza en cinco años; o que el índice de miseria (la suma de las tasas de paro e inflación) alcanza un «escalofriante 36,5%», tres veces superior a la registrada en el mismo periodo del año 2007.
Durante su exposición, Arredondo criticó la coordinación que hasta el momento han demostrado las tres administraciones (Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga). «Es fundamental que cada una no haga lo que quiera porque eso es marear a la ciudadanía», dijo el representante de los trabajadores sociales, quien también insistió en que la intermediación hipotecaria con los bancos no la puede hacer cualquiera. «La desventaja es todavía mayor si los afectados no están bien asesorados», señaló Arredondo, antes de incidir en que la poca difusión que hasta ahora han tenido las tres oficinas.
Otro de los aspectos recogidos en las conclusiones del I Seminario de Intermediación Hipotecaria, celebrado entre el 18 y el 19 de octubre y organizado por la Asociación Cívica para la Prevención y la Asociación Mediando, se refiere a cómo las familias o personas individuales que son o van a ser desahuciadas «necesitan una intervención integral, no sólo en aspectos jurídicos del propio acto, sino también social e incluso psicológica». Es por lo que se hace necesaria la puesta en marcha de programas que aborden de manera multicasual las diferentes circunstancias que han dado origen a su situación, todo ello en coordinación con los Servicios Sociales», apunta el estudio. En este sentido, Rafael Arredondo explicó que esos informes sociales tienen que estar por encima de todos los demás. «Una familia con menores que se va a quedar en la calle tiene un coste social mayor que el coste privado», sostuvo.
Por otro lado, el informe sostiene que las situaciones de vulnerabilidad social deberían estar avaladas por un estudio social que debería ser preceptivo ante el juicio de cualquier procedimiento de embargo y suficiente para paralizarlo si de éste se desprendieran altos costes sociales por la situación en que quedara dicha familia.
En cuanto a la necesidad de modificar la legislación vigente, el estudio propone reducir los intereses moratorios de la deuda hipotecaria; conseguir la moratoria en el lanzamiento en las ejecuciones hipotecarias; facilitar la dación en pago; agilizar los trámites para adjudicar viviendas de urgencia en caso de desahucio; o potenciar el régimen de viviendas en alquiler y favorecer una bolsa de casas de alquiler de propietarios privados, aspecto éste último que fue aprobado ayer por el Gobierno central, entre otros.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/11/16/malaga-acosada-desahucios/548627.html
Sin embargo, la estimación del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Málaga no es demasiado optimista, ya que su presidente, Rafael Arredondo, aseguró ayer que 2012 podría cerrarse con un 15% más de desahucios que en 2011, por lo que el total podría rondar los 4.300. Estas son algunas de las conclusiones del estudio Realidad, perspectivas e intervenciones ante los desahucios, presentado ayer conjuntamente por los trabajadores sociales, la Oficina de Intermediación Hipotecaria del Colegio de Abogados y la asociación Soluciona.
Otros datos alarmantes que el informe extrae de un estudio municipal fechado en junio de este año son la tasa de riesgo de pobreza en la capital malagueña, que se sitúa en 22,58%, un 1,48% más que la media nacional; cómo Málaga rebasa el índice de miseria del país tras triplicar su pobreza en cinco años; o que el índice de miseria (la suma de las tasas de paro e inflación) alcanza un «escalofriante 36,5%», tres veces superior a la registrada en el mismo periodo del año 2007.
Durante su exposición, Arredondo criticó la coordinación que hasta el momento han demostrado las tres administraciones (Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Málaga). «Es fundamental que cada una no haga lo que quiera porque eso es marear a la ciudadanía», dijo el representante de los trabajadores sociales, quien también insistió en que la intermediación hipotecaria con los bancos no la puede hacer cualquiera. «La desventaja es todavía mayor si los afectados no están bien asesorados», señaló Arredondo, antes de incidir en que la poca difusión que hasta ahora han tenido las tres oficinas.
Otro de los aspectos recogidos en las conclusiones del I Seminario de Intermediación Hipotecaria, celebrado entre el 18 y el 19 de octubre y organizado por la Asociación Cívica para la Prevención y la Asociación Mediando, se refiere a cómo las familias o personas individuales que son o van a ser desahuciadas «necesitan una intervención integral, no sólo en aspectos jurídicos del propio acto, sino también social e incluso psicológica». Es por lo que se hace necesaria la puesta en marcha de programas que aborden de manera multicasual las diferentes circunstancias que han dado origen a su situación, todo ello en coordinación con los Servicios Sociales», apunta el estudio. En este sentido, Rafael Arredondo explicó que esos informes sociales tienen que estar por encima de todos los demás. «Una familia con menores que se va a quedar en la calle tiene un coste social mayor que el coste privado», sostuvo.
Por otro lado, el informe sostiene que las situaciones de vulnerabilidad social deberían estar avaladas por un estudio social que debería ser preceptivo ante el juicio de cualquier procedimiento de embargo y suficiente para paralizarlo si de éste se desprendieran altos costes sociales por la situación en que quedara dicha familia.
En cuanto a la necesidad de modificar la legislación vigente, el estudio propone reducir los intereses moratorios de la deuda hipotecaria; conseguir la moratoria en el lanzamiento en las ejecuciones hipotecarias; facilitar la dación en pago; agilizar los trámites para adjudicar viviendas de urgencia en caso de desahucio; o potenciar el régimen de viviendas en alquiler y favorecer una bolsa de casas de alquiler de propietarios privados, aspecto éste último que fue aprobado ayer por el Gobierno central, entre otros.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/11/16/malaga-acosada-desahucios/548627.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario