La Audiencia impone cuatro años y medio de prisión al agente, que imponía sanciones a conductores extranjeros y las cobraba en efectivo
La Audiencia de Málaga ha condenado a cuatro años y medio
de prisión a un policía local de Benahavís por quedarse con el dinero
de multas que imponía a extranjeros por infracciones administrativas de
tráfico, como no llevar el cinturón o hacer uso del teléfono móvil.
Según se declara probado en la sentencia, a la que ha
tenido acceso Europa Press, durante 2008 y 2009, el acusado se dedicó a
ir en solitario a una urbanización y en su condición de policía, tras
sancionar, «se apropiaba del importe de las multas que le eran
satisfechas en efectivo y en el acto por las personas sancionadas».
Así, en un caso en febrero de 2008, según relata la
resolución, paró el vehículo en el que viajaba una mujer y tres personas
más y le manifestó que tenía que abonarle 90 euros por no llevar los
ocupantes el cinturón de seguridad, cantidad que la perjudicada pagó y
que «hizo suya el acusado».
Arbitrario
En otra ocasión, indica la sentencia conocida ayer,
detuvo el coche de otro ciudadano extranjero y «pese a que el acusado
sabía que este conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad, le
sancionó por este motivo a sabiendas de la arbitrariedad de su decisión
por cuanto no había cometido infracción alguna».
En este caso, el perjudicado le exigió una copia de la
denuncia y el procesado, dice la Sala, para no ser descubierto redactó
una denuncia ficticia en el boletín original que entregó a su superiora
«a sabiendas de que esta segundo ficticia sanción tendría que ser
anulada por ser imposible la identificación del supuesto infractor».
En otras dos ocasiones, según el Tribunal, los
conductores fueron sancionados por no llevar el cinturón puesto y en
otra, el acusado impuso la multa por hacer uso del teléfono móvil
mientras circulaba. Las cantidades exigidas, y que «hacía suyas»,
oscilaban entre los 84 y los 90 euros.
En diciembre de 2009 y una vez se había decretado la
suspensión provisional de sus funciones por estos hechos, el acusado
ingresó voluntariamente el importe de otras tres sanciones, pero no
entregó varios boletines de denuncia, por lo que no hay constancia de si
fueron cobrados ni se puede determinar el contenido de éstos.
Cuando ocurrieron los hechos, dice la resolución, el
acusado padecía un trastorno psicótico que afectaba a sus facultades
volitivas e intelectivas, sin que las anulase por completo. Así, se le
condena por los delitos continuados de falsedad en documento oficial, en
concurso con malversación de caudales públicos.
Además de la pena de prisión, se le impone al procesado
un total de 15 años de inhabilitación especial para el desempeño de
empleo o cargo público, así como una multa de 15 meses, a razón de 10
euros diarios; lo que supone 4.500 euros. La sentencia se dicta con la
conformidad del acusado.
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