El Juzgado número dos cita a declarar al máximo responsable del cuerpo por emitir un certificado con la firma del alcalde sin su autorización previa
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Torrox ha citado a declarar para el próximo 28 de abril a las 11.00 horas al jefe de la Policía Local, José Roque Fernández, y a una agente, Mónica Martínez, que ahora presta servicio en otro municipio de la provincia, por un presunto delito de falsedad documental, al haber emitido un título con el membrete del entonces alcalde accidental, Teodoro Ruiz (IU), sin que éste lo autorizara previamente, y sin que el contenido del documento fuera cierto. Los hechos a que se refieren las diligencias que está incoando el juzgado torroxeño se remontan al pasado 21 de abril de 2008, cuando supuestamente Roque envió un documento en el que acreditaba que la agente había participado como profesora en un curso de autoprotección y violencia de género, dentro del Plan de Formación continua 2006-2007.
A raíz de estos hechos, el Ayuntamiento torroxeño abrió un expediente informativo, del que ya se hizo eco este periódico en su edición del 17 de septiembre de 2008, para tratar de esclarecer lo ocurrido con la emisión de este documento oficial. Tras tomar declaración a todos los implicados, el Consistorio detectó que podría tratarse de un presunto ilícito penal, por lo que dio traslado al Juzgado torroxeño.
El juez ha citado a declarar como imputado al máximo responsable policial, que en estos momentos se encuentra de baja médica por una lesión en una de sus piernas, y a la agente, que con posterioridad a los hechos investigados permutó su plazo con otro agente policial de una localidad de la Costa del Sol. Además, en el auto de citación al que ha tenido acceso SUR, se incluye la citación, en este caso en calidad de testigos, al concejal de la Policía Local, Manuel Palomas (PIU), y al secretario municipal e instructor del expediente, Francisco Moreno.
Restituido en el cargo
El jefe de la Policía Local de Torrox aseguró ayer que no tenía constancia oficial de esta citación como imputado, al tiempo que se mostró «muy tranquilo». «Todo responde a un complot de una serie de agentes subordinados que lo único que quieren es desprestigiarme y conseguir mi descrédito», declaró.
Cuando los hechos fueron publicados por SUR tras la apertura del expediente informativo por parte del Consistorio, los sindicatos con representación en la plantilla policial, UPLB-Andalucía -que está personada como acusación particular- y CC OO, pidieron que se apartara al jefe, que entonces desempeñaba un puesto técnico. Sin embargo, el equipo de gobierno (IU, PSA, PIU, PP) no sólo no atendió esta petición sino que en 2009 lo restituyó en el cargo de máximo responsable de la Policía Local.
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