Los pisos públicos caen en picado y apenas se proyectan 46 casas en los últimos tres meses. A los promotores no les salen rentables y la Administración carece de suelo para acometerlosLa crisis no se ceba únicamente con la construcción de viviendas de renta libre, también lo hace con las de protección oficial, cuya planificación ha caído en picado en los últimos meses hasta el punto de que, en el segundo trimestre de este año, sólo se han aprobado proyectos para 46 casas de VPO en toda la provincia. La falta de actividad de los promotores ha afectado también a esta tipología de hogares que, pese a tener asegurada la demanda, les plantea una serie de condicionantes que siguen sin hacerles atractiva su construcción.
Durante la primera mitad de este año, el Colegio Oficial de Arquitectos sólo ha visado para la provincia proyectos para 248 viviendas públicas, lo que supone un 40% menos que las autorizadas durante el mismo periodo de 2008 y un 73% menos que las aprobadas de enero de junio de 2007. Este retroceso de la VPO, sólo comparable al que se produjo a finales de los 80, la confirman también desde la delegación provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, encargada de autorizar los proyectos de VPO tras el visado colegial y la licencia de obras del ayuntamiento. Según indicaron fuentes de este departamento autonómico, son «muy pocos» los pisos protegidos para los que se ha solicitado autorización en los últimos meses.
Demanda
Bastan un par de cifras para constatar qué supone esto para aquellas familias que necesitan una casa protegida. Según un estudio que realizó la Junta de Andalucía a finales de 2008, un total de 53.634 habitantes de la provincia necesitan una VPO para poder acceder al mercado de la vivienda por vez primera. Sin embargo, en los últimos tres años, sólo se han promovido unas cinco mil casas de este tipo en Málaga, lo que apenas ha dado respuesta a un 9% de la demanda.
Los promotores tienen claras las razones por las que la VPO está a punto de desaparecer del mapa inmobiliario de la provincia. Violeta Aragón, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), argumentó que no se han revisado los módulos que establecen los precios de venta de estos pisos y que, sin embargo, se ha incrementado el coste que representan para las empresas al adaptarse, como el resto de viviendas, a las estipulaciones del nuevo Código Técnico de la Edificación. «El coste de la construcción se ha encarecido por los aislamientos que se exigen y otra serie de medidas, pero esto no ha ido aparejado de un aumento en el precio de los módulos», señaló Aragón, quien también apuntó como causa del retroceso de la VPO el hecho de que, por ley, el precio del suelo no puede suponer más del 15% de los ingresos que se obtengan con la venta de la promoción. «Al contrario de los pisos que no se venden, el precio de los terrenos no ha disminuido, por lo que resulta complicado cumplir esa condición», aclaró la gerente de la ACP.
Falta de créditos
Pero, a juicio de este colectivo, hay un motivo que está influyendo cada vez más en la falta de iniciativa de los empresarios en construir viviendas públicas. Se trata de la falta de financiación para los compradores por parte de los bancos. «Estamos llegando a casos en los que se quedan pisos de VPO sin adjudicar porque se acaba la lista de reserva al no poder obtener los aspirantes los préstamos hipotecarios», aseguró Aragón.
En el mismo sentido se expresó Pedro Marín, economista experto en asuntos inmobiliarios, quien comentó que, aun en el caso de que los promotores aumentaran la realización de viviendas protegidas, se quedarían sin vender en muchos casos por la falta de créditos de los bancos. «La VPO se ha venido abajo de una forma tremenda y no ha compensado la caída de la casas de renta libre», reconoció.
Esta caída afecta por igual tanto a los pisos públicos que promueven empresas privadas como a aquellos que son desarrollados por entidades públicas como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los ayuntamientos. En este caso, el problema reside en la falta de suelo y los apuros económicos por los que también atraviesa la Administración pública.
La delegada provincial de Vivienda, Josefa López, reconoció que un reciente intento de la Junta por comprar suelos para construir VPO en la provincia se ha saldado con muy pocas ofertas válidas por parte de los privados, que exigen al Gobierno andaluz precios muy elevados, que no se ajustan a las reglas de la vivienda protegida. La misma coyuntura atraviesan los ayuntamientos, para los que la reserva obligatoria de un 30% de cada nueva urbanización para VPO se ve todavía lejana al no estar adaptados a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía los planes generales de los municipios malagueños.
Del centenar de localidades de la provincia, sólo cinco tienen el planeamiento adaptado, lo que permite activar bolsas de suelo para unas dos mil viviendas protegidas, según informó López. La delegada confió en que, de aquí a final de año, puedan estar en regla más de medio centenar de planes locales que conllevarán poner en carga suelo para construir miles de VPO.
Entre tanto, la Junta concede ayudas a los promotores, que oscilan entre 4.000 y 9.600 euros por vivienda, para las obras de urbanización de aquellos sectores en los que se levanten pisos protegidos. Además, según apuntó Josefa López, hay subvenciones «muy interesantes» para los pisos en alquiler con opción a compra. «Intentamos dar todas las facilidades posibles para hacer VPO pero no podemos obligar a los empresarios», agregó.
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