LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La investigación de la Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Memoria Histórica ha revelado la existencia de nuevas fosas comunes con restos de represaliados en la provincia. A pesar de que la mayoría de ellas no han sido exhumadas, aparecen detalladas en los archivos localizados por el colectivo, que han aportado nuevos datos al trabajo realizado por los topógrafos y especialistas encargados de elaborar el mapa de sepulturas de Andalucía.En la documentación localizada por los investigadores, se atestigua la ubicación de seis yacimientos en el cementerio de San Lorenzo de Ronda, en los que fueron arrojados los cuerpos de, al menos, 1.607 personas. Se trata de datos consignados por el propio Ayuntamiento en respuesta a la petición de traslado de restos al Valle de los Caídos, donde probablemente reposan.
En la correspondencia remitida por el municipio se describe la envergadura y el estado de las sepulturas comunes, tres de ellas a dos metros "bajo el nivel de suelo y cubiertas con un bloque de hierro y cemento en toda la superficie". El Ayuntamiento avisa de que carece de datos que permitan conocer la identidad de los fallecidos e insiste en la dificultad de las exhumaciones, lo que suscita algunas dudas acerca de la realización del traslado.
Junto a las fosas de Ronda, el colectivo también ha podido recabar documentos en los que se explicita la ubicación de los restos de represaliados de otras localidades. Es el caso, por ejemplo, del desaparecido municipio de Peñarrubia, donde la posibilidad del traslado al Valle de los Caídos surge con mayor intensidad.
Francisco Espinosa, investigador y miembro del colectivo, ha hallado un documento que data de 1972, fecha en la que la localidad fue evacuada, y en el que se pormenoriza la inhumación y el envío de los cuerpos al soberbio emplazamiento funerario de la capital.
Otro tanto ocurre con Benarrabá, municipio en el que la comunicación entre el gobernador civil y el ayuntamiento, a propósito de las exhumaciones ordenadas por Franco, apunta a una fosa común con los restos de nueve republicanos y el enterramiento de otro en un paraje rural conocido como Arroyo Trujillo. Este último, alberga el cuerpo de un vecino de Genalguacil que, según la expresión del régimen, "fue ejecutado por las mismas causas que los anteriores".
A la luz de la información obtenida en los últimos años, resulta bastante dificultoso entrever el número de fusilados y fosas comunes que permanecen en la provincia. Los datos referentes al antiguo cementerio de San Rafael aluden a una cifra de ejecutados que se eleva a más de 4.000 personas. La historia, laboriosamente, empieza a recomponerse.
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009071200_2_273762__Malaga-Descubren-seis-fosas-comunes-Ronda-restos-1600-fusilados
Malagueños en el Valle de los Caídos: muchos republicanos yacen junto a Franco
La Asociación por la Memoria Histórica ha localizado la correspondencia en la que se detalla el traslado de cuerpos
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA La recuperación de la memoria histórica, sitiada durante años por el miedo y las represalias, no sólo entiende de exhumaciones y golpes de tierra. Desde que las instituciones de la provincia se pusieran de acuerdo para rescatar los fragmentos deslavazados de lo ocurrido en el antiguo cementerio de San Rafael, el mayor cadalso de la Guerra Civil y el franquismo, la Asociación por la Memoria Histórica ha acompañado la labor de campo con el rastreo sistemático de los archivos. Su trabajo, bibliófilo y paciente, empieza a dar frutos y a reconstruir capítulos desmembrados del relato oficial de la época, como el traslado de restos de republicanos al Valle de los Caídos.
De la evacuación y la sepultura de fusilados en el faraónico templo de Franco se sabía muy poco hasta el momento. Lo único que había salido a la luz era el testimonio del régimen, que solicitó los cuerpos de las víctimas, "sin distinción del campo en el que combatieran", según consta en las hemerotecas. La investigación del colectivo, comandada por el historiador Francisco Espinosa, ha permitido documentar el traslado con todo tipo de detalles, al menos en lo que respecta a Málaga.
Los papeles, a los que ha tenido acceso a este periódico, revelan como pocos textos la burocracia y la retórica del régimen. El número de evacuados, con nombres y apellidos, se cifran en 34, la mayoría combatientes del bando nacional, pero los indicios apuntan a miles de malagueños. En San Rafael, consta en los archivos la inhumación de un millar de republicanos en una parcela del Patio Civil en la que no se ha encontrado nada. La hipótesis más verosímil mira al Valle de los Caídos, donde yacen alrededor de 30.000 cuerpos de represaliados.
Los traslados al complejo de Madrid se iniciaron a finales de 1958, meses antes de su pomposa inauguración. mediante una circular remitida por el Ministerio de Gobernación en la que se ordenaba el movimiento "inmediato" de restos de ambos bandos. Según la visión de los expertos, el régimen no quería que el mastodóntico monumento, uno de sus mayores mecanismos de afirmación, quedara exento de nichos y planteó una evacuación sin más distinción, en teoría, que la condición de "españoles" y "católicos".
En el extenso epistolario que ilustra el traslado y conecta al Gobierno Civil de Málaga con las altas instancias de Madrid se justifica la decisión con alusiones al "espíritu cristiano de perdón". Una afirmación que contrasta con el tratamiento desigual que recibieron los restos de republicanos y fascistas. Los primeros fueron sepultados con el consentimiento de las familias y la remisión de recibos en los que se especificaba el lugar exacto de su ubicación en el templo y los segundos, de manera conjunta y sin identificar. De ahí las dificultades para conocer su número exacto.
Los archivos analizados por Espinosa dan cuenta de la prolijidad de la operación, que incluyó una correspondencia continua entre el Ministerio de Gobernación, las autoridades provinciales y los párrocos y alcaldes de cada ayuntamiento. Incluso, aparece la medida exacta que debía tener cada caja y la factura de la confección de nichos y el traslado, que ascendió a 65.000 pesetas y fue encargada a la empresa de pompas fúnebres Jesús del Gran Poder, situada en la calle Molina Lario.
La evacuación no fue sencilla. El régimen solicitó una relación detallada de los enterramientos de cada municipio y muchos se negaron tras contactar con las familias de los fallecidos. El Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, alegó la construcción de la cripta de la Catedral, donde reposan los cuerpos del bando nacional, lo que obligó a recular a Madrid y detallar la necesidad del consentimiento.
En el marasmo de documentos aparece también la negativa de un familiar, que se retracta de su decisión inicial al conocer que los restos de sus fallecidos iban a compartir el templo "con los rojos". El número de republicanos que yacen allí continúa siendo un misterio, pero los archivos han permitido localizar nuevos enterramientos.
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