La Oficina de Gestión Económica detectó ocho casos con supuestas irregularidades, todos a ciudadanos extranjeros
Un guardia civil se enfrenta a una petición fiscal de un año de prisión y multa de 1.350 euros por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos al quedarse con el dinero de ocho multas de tráfico que él mismo impuso a ciudadanos extranjeros.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, en febrero de 2011, la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga solicitó un escrito de aclaración al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, sobre un expediente de denuncia efectuado el 20 de septiembre de 2010.
El agente acusado denunció al conductor, un ciudadano inglés, "por no utilizar el cinturón de seguridad o sistema de retención homologado, correctamente abrochado" y le impuso una sanción de 200 euros, con un descuento del 50 por ciento por ser extranjero.
El ministerio público mantiene en su relato de hechos que el acusado, "como había hecho en otras ocasiones", había incorporado el importe a su patrimonio personal.
La Oficina de Gestión Económica del referido subsector, que se encarga del tratamiento contable de las denuncias de cobros y depósitos realizados por los agentes para su tramitación e ingreso en cuenta en la Jefatura de Tráfico, comprobó que no existía anotación alguna de la entrega de los cien euros así como que tampoco existía para su tramitación ordinaria el expediente de denuncia.
Tras las investigaciones se detectó supuestas irregularidades en ocho casos en total, con siete sanciones de cien euros y una de doscientos cincuenta euros y, que en todas ellas, los denunciados eran ciudadanos extranjeros.
El fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos y que ha concurrido la circunstancia atenuante de reparación de daño.
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