El futuro de Aifos se complica aún más si cabe en su camino para evitar la quiebra y salir del concurso en el que está inmersa desde julio de 2009. Su futuro, y también el de los 5.300 acreedores a los que el que llegó a ser el primer grupo inmobiliario de la provincia debe 900 millones de euros. Mientras el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha decidido apartar de la gestión al dueño de la promotora, Jesús Ruiz Casado, al entender que estaba dificultando la viabilidad de la sociedad, los administradores concursales han presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que mandará a la calle a 49 de los 59 trabajadores que de momento conforman una plantilla que en los años de bonanza llegó a superar los 2.100 empleados. Los responsables judiciales alegan motivos objetivos para justificar este despido colectivo, ofreciendo a los afectados una indemnización mínima: 20 días por año de servicio con un máximo de doce mensualidades.
De prosperar el ERE (ha sido admitido a trámite por el juzgado), la estructura organizativa de Aifos se quedaría reducida a diez personas: dos asesores jurídicos, un encargado de informes económicos, un responsable financiero, un comercial, un contable, un informático, un gestor de la página web, un encargado del mantenimiento de los inmuebles, y , un interlocutor con clientes y bancos. Los costes salariales (incluidos los seguros sociales) se verían reducidos en un 83%, al pasar de los dos millones anuales a los 330.000.
Según el escrito presentado por los administradores concursales, «la delicada situación económica y productiva de la compañía, analizada en una situación de crisis absoluta del sector inmobiliario, exige la adopción inminente de medidas de reestructuración de personal». El documento, al que ha tenido acceso este periódico, intentan demostrar la existencia de causas económicas, organizativas y productivas para argumentar el ERE.
En el apartado económico, cifran en 128,2 millones el déficit patrimonial de la empresa y advierten de la deuda de 9,7 millones que siguen engrosando por impagos a ayuntamientos (IBI) y comunidades de propietarios, una circunstancia que «ante el déficit de tesorería y las escasas perspectivas de obtención de financiación ajena por el alto grado de conflictividad existente con la práctica totalidad del sector bancario (Aifos tiene numerosos procesos judiciales abiertos con entidades financieras), hace que la posibilidad de desarrollo de las promociones en curso.
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