
El agua es un bien básico imprescindible y un derecho elemental de las personas. Sin embargo, este derecho no está garantizado para todos/as, por culpa directa o indirecta del afán de lucro de quienes en lugar de un derecho ven un negocio.
El cambio de tarifa en Málaga es la punta del iceberg de un problema más grave, y que se resume en si el agua debe ser un derecho para las clases populares, o un negocio para los más pudientes.
El sistema tarifario castiga a la mayoría de familias.
El nuevo sistema tarifario implantado por EMASA, basado en 4 tramos de consumo y en el número de personas empadronadas en cada hogar, no solventa el problema del acceso al agua en esta ciudad para las familias obreras. En una maniobra calculada, se ha reducido drásticamente el número de litros incluidos en los dos tramos más baratos, suponiendo un aumento del precio muy considerable para las familias con hasta tres personas empadronadas, aunque el consumo de estas familias se mantenga en la media de consumo.
Estamos ante una vuelta de tuerca más, una nueva forma de empeorar la calidad de vida de la clase obrera y el pueblo.