Saben que cuando llegue una orden judicial se acaba todo, pero, mientras tanto, están intentando salir a flote en pisos que no les pertenecen. En la mayoría de los casos se trata de bloques de nueva construcción, muchos sin terminar, sin tener la cédula de habitabilidad, que pertenecen a constructoras y promotoras o a entidades financieras y que, tras la obra, con la paralización de los créditos, no se han podido vender. El pequeño edificio de la calle Tejidos llevaba más de 3 años cerrado. Había sido lugar de toxicómanos, según sus nuevos habitantes, y estaba lleno de suciedad y con las puertas "reventadas".
Inma, Esther y su hija adolescente, Saray con sus tres niñas, Tania y la joven pareja que forman Marta y Bernardo se instalaron en él después de adecentarlo. Hace un mes nació la pequeña Nashira. "Le he puesto ese nombre porque dicen que significa portadora de buenas noticias, a ver si es verdad", dice Marta, su madre. "No necesito lujo, pero tenemos derecho a una vivienda, estábamos tirados en la calle y no pedimos dinero, sino un techo para refugiarnos de la lluvia", comenta Tania, que cuenta alterada cómo los propietarios del bloque se presentaron allí "nos dijeron que esto era suyo y que nos fuéramos, que ellos no podían costear los seis millones de parados". Y reiteran los miembros de la Comunidad de la Esperanza que "no queremos que nos regalen nada, no nos negamos a pagar, pero no podemos hacer frente a un alquiler normal".
Tania ha trabajado desde los 16 años. "Igual que ahora me veo sin nada he tenido mis ingresos, tuve coche, moto, comía buenos filetes y ahora no tengo nada", se lamenta. Durante los veranos suele trabajar de extra de camarera de piso en hoteles y gana 270 euros al mes. El resto del año, nada. Inma lleva tres años en el paro sin prestación alguna y a Saray le quitaron el piso y está a la espera de la promesa de "una casa del Ministerio". Limpian por horas y reciben algunas ayudas de familiares. También los vecinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) les han ayudado con comida y leche para la pequeña. Gracias a esto comen todos los días, aunque sea macarrones "y arroz blanco porque no tenemos ni para tomate".
Según explica Antonio Alarcón, miembro de la PAH, "muchas más familias están desesperadas y con necesidad de meterse en viviendas vacías, hay mucha gente desahuciada de alquileres". Por ello, desde esta plataforma se les ayuda a buscar alternativas. "No animamos a nadie a que se meta en un edificio, pero son situaciones precarias y muy duras. Así que intentamos solventar los problemas con las herramientas que tenemos, ir a los juzgados con la resolución del Tribunal Europeo o con el real decreto de la Junta e intentar poner de acuerdo a propietario y realojados para que se pueda establecer un alquiler social", estima Alarcón.
Pero los promotores consideran que una problemática social tan severa la tienen que solventar las administraciones públicas y no los propietarios particulares. "El problema no se soluciona contra la ley, con una patada en la puerta, el estado no puede permitir eso. Las instituciones son las que tienen que actuar y, sin embargo, están llegando a una dejadez de sus competencias", considera José Prados, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP). Prados critica el real decreto de la Junta de Andalucía, porque sanciona el stock de las promotoras y amenaza con expropiar a los bancos sus inmuebles vacíos, "en vez de utilizar la vivienda pública que se ha construido con los impuestos de todos para la acción social". Esto, sostiene, "es anticonstitucional y no cabe dentro de la legislación vigente, no pueden meter la mano en mi propiedad".
Según un recuento realizado por la Asociación de Constructores y Promotores, en Andalucía existen entre 50.000 y 55.000 viviendas públicas inhabitadas. "Las casas están adjudicadas a las familias, pero la banca no da créditos, hay una sequía total y absoluta de crédito y ha pasado igual en lo público que en lo privado, que no se llega a la compra venta", apunta Prados.
Muchos no han podido comprar o sostener sus hipotecas, pero otros, ni siquiera pueden alquilar porque viven gracias a una economía sumergida que les aporta muy pocos recursos y sin amparo legal para poder optar a un alquiler. Es el caso de las mujeres de la Corrala Las Luchadoras. Son nueve chicas de entre 22 y 28 años con 11 niños, madres solteras y la que más cobra es gracias a un trabajo a media jornada que pasa en poco de los 400 euros mensuales. Ellas, como en La Esperanza, se han unido en comunidad para intentar hacer más fuerza. "Un realojo en solitario es muy duro, por eso recomendamos que se busquen una comunidad que se apoye, que esté más fuerte, gente que trabaje de manera conjunta, que tome sus responsabilidades, dialogue entre vecinos y se ayude", comenta Antonio Alarcón, miembro de la PAH, que también destaca la inseguridad y los miedos que sufren estas personas. Las luchadoras miran por las ventanas cada vez que salen de casa. La Policía las detuvo al día siguiente de ocupar el edificio de apartamentos de la calle Huerto de Monjas y las retuvo ocho horas. Días más tarde, volvieron a venir. Pero ellas no abandonarán el bloque si no es con una orden judicial, aseguran.
A María, la pequeña de 6 años de Ángeles, le gusta "la casa nueva". Al menos, tiene espacio para jugar. Antes se hacinaban en casa de su abuela. Ahora tienen un apartamento minúsculo, sin cocina, con un baño y un pequeño patio para las dos. El piso de Lidia es un poco más amplio, tiene una habitación, pero es un bajo y las tuberías estaban tan atoradas que se le inunda el piso y tendrán que recurrir a un fontanero. Ella y sus hermanas Estefanía y Noelia forman parte de la corrala junto a sus hijos. "En casa de mis padres éramos nueve personas en dos habitaciones y un sólo sueldo", cuenta Estefanía que este mes termina de cobrar la ayuda familiar. Y Noelia acaba contrato el martes como monitora escolar y "me pertenece una ayuda de 150 euros al mes". Pocas reciben manutención por sus hijos. Rosa, que tiene dos niños, era una excepción, pero a su ex pareja le han recortado horas en el trabajo y la colaboración se ha reducido a la mitad. Rosi cobra 400 euros por media jornada y asegura que "he querido alquilar una casa y no me dan ni una lavadora a plazos con este sueldo". Cristina gana 70 euros al mes con la limpieza por horas y Lidia, que siempre "he estado acostumbrada a ganarme la vida" limpia por 75 euros los fines de semana, vende dulces o ropa en un mercadillo, cualquier cosa para salir adelante.
Todas ellas son del barrio de la Goleta y sabían que el inmueble llevaba construido desde 2005. "Era de una inmobiliaria que quebró y ahora están de juicios con el banco", explican las mujeres que están siendo apoyadas por muchos vecinos de la zona. Van a recoger firmas para intentar llegar a un acuerdo y poder quedarse en esas viviendas pagando un alquiler social. "No queremos vivir por la cara, sino pagar un alquiler social, pagar nuestra luz y agua, tener una casa por lo poco que podemos pagar y sin tener una nómina", reiteran. Piden eso, por el momento, aunque lo que realmente les gustaría es "tener un trabajo" que les permitiera una existencia normalizada. Mientras tanto, en ésta y en muchas otras situaciones similares, luchan desde sus escasos recursos por mantener la esperanza en estos tiempos oscuros.
http://www.malagahoy.es/article/malaga/1511954/techos/para/familias/desesperadas.html
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