El borrador del Decreto Ley que regulará el despido colectivo en la Administración es rechazado por lo sindicatos de Málaga, que lo ven como un intento de privatización de los servicios públicos
Sebastián Freire El proyecto de ley que está elaborando el Gobierno central para despedir a empleados públicos mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y que toca a la Administración central, comunidades autónomas, ayuntamientos y entes instrumentales podría afectar a unos 25.000 personas de la provincia de Málaga.
De concretarse, el Real
Decreto permitiría a todas las administraciones públicas llevar a cabo
despidos colectivos de personal laboral fijo por unas causas que, a
juicio del secretario general de UGT, Manuel Ferrer, es «una aberración»
porque se exigen «unas condiciones para que lo pueda hacer cualquier
administración cuando quiera».
Entre las principales causas de despido se encuentra la económica. Las administraciones podrán realizar despidos masivos cuando tengan insuficiencia presupuestaria, una situación que afecta a prácticamente todas ellas. Pero si un ente público tiene superávit, podrá presentar un ERE colectivo cuando las subvenciones que se perciben de otras administraciones hayan disminuido, al menos, en un 10% con respecto al año anterior. Una situación que «se han inventado para depender de ellos. Yo hago los presupuestos y, por lo tanto, puedo hacer lo que quiera», recuerda Manuel Ferrer.
También será posible aplicar un ERE cuando las autonomías justifiquen una bajada del 10% en las transferencias de capital del Estado. Mientras, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración, sea cual sea, hayan disminuido otro 10% podrán a cabo despidos colectivos.
Otros motivos de despido que se podrán argumentar son los técnicos, organizativos o de producción. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados se quiera prescindir de 10 de ellos. Por otra parte, también se podrá hacer efectivo cuando el despido afecte al 10% del número de trabajadores de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades que dependan de los anteriores. La otra opción engloba a las empresas o administraciones de más de 300 empleados que quieran prescindir de, al menos, 30 de ellos.
Razones por las que el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dice que esta ley es un «ataque del Partido Popular al sector público y a nuestros Estado de Bienestar, a nuestros médicos, investigadores, profesores, y trabajadores sociales». Además, cree que «detrás de esto no hay más que el intento de privatizar servicios y derechos esenciales de todos los ciudadanos y ciudadanas».
Una línea argumental que respaldan CCOO, UGT y CSIF, alegando que «es la primera vez en la historia de la democracia que se facilita el despido de los trabajadores de las administraciones públicas», comenta el secretario general de CCOO, Antonio Herrera, al tiempo que avisa de que se trata de «encubrir un adelgazamiento de las entidades para privatizar las labores que realizan».
Además, el secretario general de CSIF, Antonio Burgos, cree que es un «adelgazamiento brutal de las administraciones públicas» y que el borrador de la ley «no reúne ningún criterio objetivo» para justificar los despidos. «El borrador permite despedir a los empelados y contratar a otras personas con otros criterios», señala, «no plantea la posibilidad de que la persona vuelva a su antiguo trabajo si el presupuesto de la administración o empresa vuelve a subir un 10%», apuntando hacia la creación de la ley como una vía sólo de salida de trabajadores.
El borrador está enfocado a personal laboral fijo, pero los entes sindicales entienden que no es así y que también afectará a los funcionarios. «Estamos hablando de personal fijo, eso incluye a personas que hayan opositado, el resto es un bulo que se están marcando» dice Manuel Ferrer, mientras Antonio Herrera cree que es un nuevo paso y que los próximos trabajadores que vean peligrar su puesto serán «los funcionarios». Por último, el CSIF presentará hoy sus alegaciones y dudas de un borrador con el que se muestran en total desacuerdo y rechazan.
El PP no ve motivos de alarma. El secretario general del PP en Málaga, Francisco Salado, no ve motivo para alarmarse por el borrador de la ley que permitiría los ERE en las administraciones públicas. «Todos los instrumentos que se ponen al alcance de las administraciones es para que se adapten a la coyuntura actual», asegura al mismo tiempo que recuerda que «los ayuntamientos ya pueden reducir plantilla en interinos y fijos laborales» y asegura que no ha «visto a nadie que se haya vuelto loco despidiendo» sino que se hace «de acuerdo con los sindicatos». Con respecto a la acusación de privatización, Salado piensa que es un «discurso fácil» y que «los ayuntamientos tienen una competencia y se puede hacer por medios propios o a través de una empresa externa». Por último, remarcó que a los funcionarios «hay que cuidarlos y protegerlos» porque han luchado por su puesto.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/08/08/ere-trabajadores-publicos-afectarian-25000-malaguenos/525248.html
Entre las principales causas de despido se encuentra la económica. Las administraciones podrán realizar despidos masivos cuando tengan insuficiencia presupuestaria, una situación que afecta a prácticamente todas ellas. Pero si un ente público tiene superávit, podrá presentar un ERE colectivo cuando las subvenciones que se perciben de otras administraciones hayan disminuido, al menos, en un 10% con respecto al año anterior. Una situación que «se han inventado para depender de ellos. Yo hago los presupuestos y, por lo tanto, puedo hacer lo que quiera», recuerda Manuel Ferrer.
También será posible aplicar un ERE cuando las autonomías justifiquen una bajada del 10% en las transferencias de capital del Estado. Mientras, los entes instrumentales cuyos convenios con la administración, sea cual sea, hayan disminuido otro 10% podrán a cabo despidos colectivos.
Otros motivos de despido que se podrán argumentar son los técnicos, organizativos o de producción. El ERE se aplicará cuando, en una administración de menos de cien empleados se quiera prescindir de 10 de ellos. Por otra parte, también se podrá hacer efectivo cuando el despido afecte al 10% del número de trabajadores de un ministerio, consejería, fundación, ayuntamiento o entidades que dependan de los anteriores. La otra opción engloba a las empresas o administraciones de más de 300 empleados que quieran prescindir de, al menos, 30 de ellos.
Razones por las que el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, dice que esta ley es un «ataque del Partido Popular al sector público y a nuestros Estado de Bienestar, a nuestros médicos, investigadores, profesores, y trabajadores sociales». Además, cree que «detrás de esto no hay más que el intento de privatizar servicios y derechos esenciales de todos los ciudadanos y ciudadanas».
Una línea argumental que respaldan CCOO, UGT y CSIF, alegando que «es la primera vez en la historia de la democracia que se facilita el despido de los trabajadores de las administraciones públicas», comenta el secretario general de CCOO, Antonio Herrera, al tiempo que avisa de que se trata de «encubrir un adelgazamiento de las entidades para privatizar las labores que realizan».
Además, el secretario general de CSIF, Antonio Burgos, cree que es un «adelgazamiento brutal de las administraciones públicas» y que el borrador de la ley «no reúne ningún criterio objetivo» para justificar los despidos. «El borrador permite despedir a los empelados y contratar a otras personas con otros criterios», señala, «no plantea la posibilidad de que la persona vuelva a su antiguo trabajo si el presupuesto de la administración o empresa vuelve a subir un 10%», apuntando hacia la creación de la ley como una vía sólo de salida de trabajadores.
El borrador está enfocado a personal laboral fijo, pero los entes sindicales entienden que no es así y que también afectará a los funcionarios. «Estamos hablando de personal fijo, eso incluye a personas que hayan opositado, el resto es un bulo que se están marcando» dice Manuel Ferrer, mientras Antonio Herrera cree que es un nuevo paso y que los próximos trabajadores que vean peligrar su puesto serán «los funcionarios». Por último, el CSIF presentará hoy sus alegaciones y dudas de un borrador con el que se muestran en total desacuerdo y rechazan.
El PP no ve motivos de alarma. El secretario general del PP en Málaga, Francisco Salado, no ve motivo para alarmarse por el borrador de la ley que permitiría los ERE en las administraciones públicas. «Todos los instrumentos que se ponen al alcance de las administraciones es para que se adapten a la coyuntura actual», asegura al mismo tiempo que recuerda que «los ayuntamientos ya pueden reducir plantilla en interinos y fijos laborales» y asegura que no ha «visto a nadie que se haya vuelto loco despidiendo» sino que se hace «de acuerdo con los sindicatos». Con respecto a la acusación de privatización, Salado piensa que es un «discurso fácil» y que «los ayuntamientos tienen una competencia y se puede hacer por medios propios o a través de una empresa externa». Por último, remarcó que a los funcionarios «hay que cuidarlos y protegerlos» porque han luchado por su puesto.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/08/08/ere-trabajadores-publicos-afectarian-25000-malaguenos/525248.html
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