Sus superiores le preguntaron qué ocurría a este guadia civil y él entregó los expedientes y devolvió el dinero
JOSÉ ANTONIO SAU La Fiscalía Provincial de Málaga pide en sus conclusiones provisionales, con las que se ha conformado el acusado, un total de cuatro meses de cárcel, la suspensión de empleo o cargo público durante un semestre y una multa de 600 euros para un agente de la Guardia Civil que se quedó con 950 euros procedentes de ocho multas de tráfico que no tramitó. No se celebrará un juicio con jurado.
Según consta en la calificación fiscal, en fechas comprendidas entre el 20 de septiembre de 2010 y el 20 de febrero de 2011, el encausado, «en el ejercicio de su empleo y con ánimo de lucro, tramitó y cobró ocho denuncias de tráfico».
La Fiscalía asegura que no diligenció «los oportunos expedientes ni tampoco entregó o depositó el dinero entregado a él por los infractores, que asciende a un total de 950 euros».
Lo descubrieron
Poco después, sus superiores le preguntaron qué había sucedido, tras lo que el acusado «entregó la totalidad de los expedientes, que conservaba en su taquilla. También devolvió el dinero intervenido a los infractores», añade la acusación pública en el escrito, que cuenta con el visto bueno del procesado.
El agente, siempre según la Fiscalía de Málaga, «padece un trastorno depresivo severo que limita sus facultades de discernimiento».
Los hechos han sido calificados como un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal, aunque en este caso concurren las circunstancias atenuantes de reparación del daño y la analógica de alteración psíquica. La primera se fundamenta en la devolución del dinero distraído y la segunda en la fuerte depresión que padece el funcionario.
Por ello, se pide una multa de 600 euros, cuatro meses de prisión y la suspensión de empleo o cargo público durante un semestre.
El fiscal solicita además que, en vista de la calificación jurídica realizada y la pena pedida, y teniendo en cuenta que el funcionario reconoció el suceso, no se abra el juicio oral ante el tribunal del jurado. Ello por «economía procesal».
Sin necesidad de juicio
Asimismo, interesa el dictado de una sentencia de conformidad sin más trámites «ni necesidad de juicio oral», asegura el acusador público.
Fuentes judiciales indicaron que el encausado siempre ha reconocido los hechos y colaborado con la Administración de Justicia. Su rápida respuesta tras ser descubierto le ha valido precisamente una sensible rebaja en la pena exigida por el delito malversación de caudales públicos.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/01/06/piden-cuatro-meses-quedarse-950-multas/474959.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario