El Gobierno cerrará el centro de inmigrantes más conflictivo de los diez que hay en España
El próximo (pasado) 20 de junio, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, una cárcel para emigrantes irregulares en espera de expulsión de España, cerrará definitivamente sus puertas. Con la clausura de las instalaciones del antiguo cuartel de Capuchinos se pondrá fin a una historia de sufrimiento humano que arrancó en 1990 y que se ha caracterizado por el hacinamiento, la falta de higiene, seguridad, intimidad y atención a los internos. Y también por episodios de graves irregularidades policiales.
El pasado martes, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, confirmó públicamente la noticia: el Ministerio del Interior había decidido cerrar el CIE porque el edificio “no permitía que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad”. El Ejecutivo tomaba la decisión tras haber desoído durante años una catarata de informes y peticiones de cierre. A las quejas constantes de las ONG de derechos humanos se han ido uniendo con el paso de los años los defensores del pueblo, la Fiscalía y los jueces y la propia Comisaría Provincial de Málaga, de quien dependen en primera instancia las instalaciones.










