El Gobierno cerrará el centro de inmigrantes más conflictivo de los diez que hay en España
El pasado martes, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, confirmó públicamente la noticia: el Ministerio del Interior había decidido cerrar el CIE porque el edificio “no permitía que ni los internos ni los funcionarios tuvieran unas condiciones dignas de habitabilidad”. El Ejecutivo tomaba la decisión tras haber desoído durante años una catarata de informes y peticiones de cierre. A las quejas constantes de las ONG de derechos humanos se han ido uniendo con el paso de los años los defensores del pueblo, la Fiscalía y los jueces y la propia Comisaría Provincial de Málaga, de quien dependen en primera instancia las instalaciones.
El CIE entró en funcionamiento en 1990 para recluir a los inmigrantes sin permiso de residencia en España –una mera falta administrativa, no penal-. Los internos podían pasar en el centro antes de su expulsión un máximo de 40 días, plazo que se amplió a 60 en diciembre de 2008. El antiguo convento y cuartel, propiedad del Estado desde 1840, pronto adquirió los tintes de un centro penitenciario sin las garantías de este. En sus celdas colectivas, siempre iluminadas con luz artificial, se agrupaban personas sin antecedentes policiales con otras que habían cometido delitos, y en los primeros años los internos no podían salir al patio.
Las primeras quejas de las asociaciones humanitarias sobre las deficiencias del CIE –un edificio semiruinoso- llegaron en 1991. Las ONG denunciaron la falta de un reglamento de funcionamiento interno, la ausencia de servicios sociales y médicos permanentes o las dificultades para las visitas de familiares y letrados. En 1994, un grupo de 46 internos llevó a cabo una huelga de hambre para protestar por la escasez y mala calidad de la comida y la falta de elementos de ocio en el centro.
El CIE comenzó a ser noticia en junio de 1996, cuando 103 inmigrantes que se encontraban allí internados procedentes de Melilla fueron sedados con haloperidol y transportados a toda prisa y en secreto en cinco aviones militares a Malí, Senegal, Camerún y Guinea-Conacry. Aquel episodio dejó una de las primeras frases para la historia del entonces recién nombrado presidente del Gobierno, José María Aznar: “Teníamos un problema y lo hemos resuelto”. El caso acabó archivado por la Fiscalía.
Entre 1998 y 1999 las instalaciones del CIE registraron un total de tres incendios. El primero de ellos, en mayo de 1998, fue provocado por cinco inmigrantes argelinos a los que se les había denegado el asilo político y causó 14 heridos, tres de ellos graves. El segundo fuego, en diciembre de ese año solo dejó daños materiales. El tercero ocurrió a mediados de 1999, semanas después de que el Defensor del Pueblo estatal constatara en una visita la “gran precariedad” de las instalaciones: cuatro inmigrantes tuvieron que ser trasladados al hospital.
La Administración cerró el centro entre febrero de 2000 y abril de 2001 para efectuar reformas. Con el despegue económico de principios de siglo la inmigración irregular comenzaba a formar parte de la agenda del Gobierno. El CIE pasó de 74 plazas a 125. Pero los incidentes no cesaban: en septiembre de 2002, un inmigrante georgiano con problemas de ansiedad se suicida a la espera de su repatriación. Otro ciudadano colombiano haría lo mismo apenas tres años más tarde. El Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Málaga afirman ya sin paños calientes en sus memorias anuales que los internos del CIE “viven en peores condiciones que las de una cárcel” y piden el cierre. El Ministerio del Interior acomete nuevas reformas del centro, pero no dejan de ser simples parches, al tiempo que restringe el acceso a familiares, abogados y organizaciones humanitarias.
Sin embargo, el suceso más grave se conoció el 22 de junio de 2006. Ese día, la Comisaría Provincial de Málaga envió con urgencia un comunicado en el que informaba de que una “inspección habitual” había detectado “actividades irregulares” en el tratamiento de los internos. La nota hacía referencia a la “celebración de alguna fiesta nocturna en la que participaban internas y que podrían haber llegado a mantener relaciones sexuales con los funcionarios” del Cuerpo Nacional de Policía.
El escándalo de las fiestas con sexo y alcohol se saldó con la detención de siete policías, tres de los cuales ingresaron en prisión acusados de abuso sexual. Tras seis años de procedimiento judicial, el pasado mayo, el fiscal solicitó penas de 27 años de cárcel para cinco de los agentes. El caso está pendiente de juicio.
El cierre del CIE de Málaga se enmarca en la reforma del régimen de funcionamiento de estos centros –un total de 10 en España- y que pasarán a denominarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros. Todos los estamentos han saludado la clausura del antiguo cuartel de Capuchinos. Las organizaciones reclaman ahora el cierre del resto de CIE, empezando por el de Algeciras, que presenta unas condiciones no muy diferentes del que ahora comienza a ser historia.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/14/andalucia/1339698893_367387.html
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