Calles, plazas, interiores y carreteras, sometidas a diario a la videovigilancia. A los equipos de la policía y de supervisión del tráfico se suman los de los comercios, bancos, gasolineras y edificios. La capital es la única ciudad de la provincia con instalaciones en la vía públicaF. EXTREMERA, M. ALBARRAL, C. FERNÁNDEZ, B. GIL E I. GUERRERO. Están al lado de los frisos, en las esquinas más populosas, encima del cajero automático, en el contador de gasolina. Desde que se popularizó su uso, a finales de los noventa, las cámaras presiden buena parte de los espacios públicos y privados de la sociedad malagueña. Según un estudio realizado por este periódico, en la provincia están operativas más de 9.000, repartidas entre comercios, edificios oficiales y entornos urbanos.
El ojo totalizante, la pesadilla de George Orwell, ya no queda tan lejos. Aunque únicamente la capital dispone de autorización para controlar algunas calles con sistemas de videovigilancia, las peticiones se multiplican, tanto en el litoral como en puntos sensibles del interior. La tendencia es al alza y los precedentes no invitan a una reducción. En Nueva York, por ejemplo, el distrito de Manhattan, de apenas 59,5 kilómetros cuadrados, cuenta con más de dos millares de cámaras en pleno funcionamiento diario.
El conflicto entre seguridad e intimidad va camino de acerarse. Para evitar malentendidos, en España, la legislación arbitra y pone límites al ‘Gran Hermano’. Ni se puede grabar en probadores de ropa ni extender el ángulo a la vía pública, a menos que se cuente con el permiso expreso de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Colocar una cámara en la vía pública no parece sencillo. En Málaga, más allá de las que operan por requisitos del tráfico, la autorización se restringe a diecisiete equipos repartidos en las calles del Centro con el propósito de evitar robos en los comercios. En el resto de la provincia, aún no existe ninguna prerrogativa al respecto, si bien ha habido más solicitudes, como la del Ayuntamiento de Marbella, que fue rechazada recientemente.
Uno de los casos más sonados fue el del consistorio de Torremolinos, que se vio obligado a retirar seis cámaras de tráfico porque su ángulo rebasaba ampliamente el establecido por la ley.
Pero las cámaras de seguridad ciudadana no son las únicas que se mantienen activas en la provincia. Están las que supervisan la circulación, los equipos de los comercios, de los edificios públicos, de los grandes supermercados. Algunas, incluso, se instalan por imperativo, caso de las gasolineras y las sucursales bancarias, que están obligadas a disponer, al menos, de un dispositivo.
Esta disposición, aparentemente residual, se traduce en un montante conjunto de más de 1.800 cámaras, según los datos suministrados por el anuario económico de La Caixa y el colectivo de empresarios de estaciones de servicio de Málaga.
Un número que se multiplica si se tiene en cuenta el explosivo crecimiento de este tipo de artilugios en los comercios. De acuerdo con Enrique Gil, presidente de Fecoma, uno de cada cuatro establecimientos de la capital dispone de cámaras. “La ley nos obliga a poner carteles en los que se refleja que se cuenta con videovigilancia y eso ya es disuasorio”, señala.
El futuro de las tiendas juega de parte de la seguridad audiovisual y del ojo todopoderoso. Gil dice que cada vez más empresarios están interesados en este tipo de recursos y alude, a guisa de ejemplo, al nuevo proyecto de los comerciantes de la capital, que van a solicitar una subvención a la Junta para ampliar la cifra de cámaras.
El resto de municipios tampoco le va la zaga en aspiraciones, sobre todo, en lo que respecta a los grandes núcleos de población del litoral. En Mijas, el 34 por ciento de los negocios, un total de 4.600, han invertido en sistemas de seguridad que incluyen la videovigilancia, mientras que en poblaciones como Antequera y Ronda se perfilan proyectos para captar imágenes en polígonos industriales y zonas susceptibles de vandalismo.
La excepción, en este caso, viene de parte de Estepona y Vélez Málaga, donde la implantación de este tipo de recursos no está muy extendida. Aunque nunca se sabe. En Torrox, el debate de las cámaras era inexistente hasta que se produjo el asesinato de un cocinero y en la actualidad, el municipio aspira a convertirse en el primer término de La Axarquía que se apunta que suma la videovigilancia a su modelo de seguridad ciudadana.
El interés por ampliar el campo de visión del ‘Gran Hermano’ está presente en numerosas iniciativas locales. Incluso hay ayuntamientos, caso del de Ronda, interesados en instalar dispositivos en las zonas de movida nocturna, informan fuentes del equipo de gobierno municipal.
La cultura del ojo que todo lo ve no deja de ganar cometidos, o, al menos, de intentarlo. A las propuestas de seguridad, se añade la supervisión del tráfico, que cuenta con 59 cámaras en Málaga y un total de 115 en las carreteras de la provincia. Es el control permanente.
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