Cada año, más de 5.000 mujeres deciden poner fin a su embarazo por voluntad propia en la provincia de Málaga. La inmensa mayoría, más del 97%, lo hace por razones personales, económicas o sociales, motivos que actualmente están amparados por la ley que en 2010 despenalizó cualquier caso de aborto hasta las 14 semanas de gestación. Sin embargo, los argumentos esgrimidos por estas personas no serán suficientes para tener cobertura legal cuando entre en vigor la normativa planteada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y cuyo anteproyecto fue aprobado hace unos días en el Consejo de Ministros.
Según la futura Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer, se limitarán a dos los supuestos permitidos y financiados con dinero público: violación dentro de las 12 primeras semanas de gestación y riesgo para la salud psíquica y física de la madre en las 22 primeras. Así, aplicando de forma estricta esta nueva regulación y atendiendo a los últimos datos sobre abortos publicados por el Ministerio de Sanidad, de las 5.116 interrupciones del embarazo que se practicaron en clínicas acreditadas en la provincia en 2012, sólo 119 cumplirían con esos parámetros, apenas un 3% -107 por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y 12 por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable-. Casi la totalidad de los abortos, 4.898, se produjeron por motivos personales y 99 por riesgo de malformaciones en el feto, dos supuestos que no contemplaría la nueva ley y que ha provocado numerosas críticas.








