La cifra de expedientes creció un 44% en 2013 hasta superar los 6.300, y un 763% desde 2007, colocando a Málaga como la cuarta provincia del país con un tapón mayor
La espera media para cobrar los salarios e indemnizaciones es de ocho meses
Málaga tiene una tasa de paro del 36,2% y más de 291.000 desempleados según la Encuesta de Población Activa (EPA). Detrás de la frialdad de los números se esconden miles de familias que no pueden ni mantenerse por sí mismas. Así, muchos empresas han quebrado o están en concurso de acreedores y ni siquiera pueden hacer frente al pago de los salarios e indemnizaciones adeudadas a sus trabajadores, por lo que la última esperanza es el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), encargada de satisfacer ese débito hasta un tope. Según la ley, esta entidad debe tardar una media de tres meses desde que el parado solicita el abono de lo que le corresponde hasta que lo recibe en su cuenta corriente, pero los funcionarios del Fogasa están desbordados y hay un colapso en el organismo que tiene atrapados a 8.629 malagueños sin poder cobrar los 45,5 millones de euros que les adeudan.
El colapso del Fogasa se da en toda España, de tal forma que tiene menos personal del que debería, lo que se suma a la externalización de la tramitación de algunos expedientes y a la avalancha de solicitudes que recibe desde que se inició la crisis económica. En Málaga, en 2013 se contabilizaron 6.318 expedientes, un 44% más que en 2012, lo que supone que hay 8.629 personas en la Costa del Sol esperando a cobrar parte de los salarios o de las indemnizaciones que les adeudan sus empresas quebradas.
En 2007, año inmediatamente anterior al inicio de la crisis económica, sólo se presentaron en el Fogasa 827 expedientes que afectaban a 1.239 trabajadores, lo que significa que las solicitudes han crecido un 762% en siete años, los que van desde la cúspide del boom del ladrillo a uno de los peores años de la depresión, 2013.
Eduardo Alarcón, responsable de la asesoría jurídica de Comisiones Obreras (CCOO) en Málaga, señala que, antes de la crisis, desde que el trabajador presentaba la solicitud de cobro al Fogasa hasta que éste contestaba de forma positiva pasaban cuatro meses. «Ahora son ocho de media». Y el periodo crece dramáticamente para muchos si se tiene en cuenta el trámite previo judicial. «Desde el despido hasta que el Fogasa da luz verde al abono de lo adeudado pasan dos años», precisa.
La reforma laboral del PP ha dinamitado más diques de contención de los que la gente de a pie se piensa. Antes, desde que el trabajador era despedido y hasta que el juez de lo Social emitía la sentencia de despido improcedente si pasaban menos de 60 días, «el Fogasa se hacía cargo de parte del salario de tramitación, pero la reforma los eliminó, por lo que ya nadie mete prisa a los jueces. Algunos juzgados señalan el juicio a dos o tres meses vista, pero otros en diez u once, y eso lo retrasa todo», precisa.
El retraso es aún mayor si la empresa está en concurso de acreedores. Para que el trabajador pueda percibir lo que se le adeuda si su empresa ha fracasado, ha de presentar el certificado de insolvencia de la mercantil. Si la empresa está en concurso de acreedores, quien lo expide es el administrador, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los despedidos en Isofotón, y la espera de los dos años es aún mayor.
Málaga es la cuarta provincia del país en número de expedientes presentados precedida de Barcelona (17.109), Madrid (7.035) y Valencia (6.348), datos que tienen mucho que ver con el alto índice de mortalidad empresarial y de concursos de acreedores. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga es, por ejemplo, el más sobrecargado de España.
El número de concursos se ha incrementado en más de un 1.000% en relación a 2006, el penúltimo ejercicio de bonanza económica. El ejercicio de 2011 se cerró con un récord de 192 concursos. El 94% de las empresas que se declaran en suspensión de pagos acaban cerrando porque el proceso dura demasiado o porque no hay líquido para hacer frente a las deudas. La apertura de un segundo juzgado sólo ha ayudado algo a subsanar la situación.
El secretario provincial de CCOO Málaga, Antonio Herrera, se queja de que el Gobierno haya externalizado parte de la tramitación de los expedientes para descolapsar el Fogasa, y asegura que esta situación, además de por la privatización parcial del servicio, se da por el altísimo paro generado por la crisis y la reforma laboral. «El Ejecutivo le hace un favor a las empresas y perjudica a las familias y no quiere negociar». En España había 39.032 expedientes en 2007 mientras que en 2013 ascendieron a 154.357.
Miguel Ángel Romero, secretario de Empleo y Relaciones Laborales de UGT Málaga, dice que el plazo legal de «tres meses se incumple sistemáticamente y hemos tenido casos que se han alargado hasta 14 meses. No sabemos qué pasa con esa empresa, Tragsatec, porque se les dan los expedientes una vez dictaminados positivos».
La situación ha llegado a tal punto que las centrales sindicales más importantes proponen un plan de choque inmediato que reduzca la bolsa de expedientes que consistiría en incorporar 240 efectivos temporales en todo el país, cubrir la totalidad de la relación de puestos de trabajo con 81 funcionarios interinos y redefinir un modelo de cargas de trabajo/efectivos que permita dimensionar la plantilla. Por otro lado, que la Abogacía del Estado intervenga en los procesos y aplicar un paquete de medidas que ataquen los déficits estructurales del Fogasa a largo plazo. En una carta remitida al Ministerio de Empleo, UGT y CCOO califican la situación de «dramática», hablan de 180.000 expedientes en el país pendientes de resolución y reclaman una reunión urgente.
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