La actual situación económica que se vive en el Estado español es desoladora: más de 4 millones de parados/as, 1 millón de hogares donde todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo, y un 63% del total de asalariados/as con nóminas inferiores a los 1.000 euros/mes. En Andalucía el problema del paro es todavía más grave que en el resto del Estado, contabilizándose 1 millón de andaluces y andaluzas en paro, lo que supone una tasa de desempleo del 25,64% (8 puntos por encima de la media estatal).
La solución que están proponiendo el gobierno de ZP y la patronal a los problemas económicos consiste en que seamos los trabajadores/as y los sectores populares los que carguemos con el coste de la crisis. Es ahí donde debemos enmarcar la reclamación de los empresarios de que se establezca un nuevo “contrato del siglo XXI”, despojado de los derechos laborales básicos; y la subida de impuestos de Zapatero, que afectará principalmente a las rentas medias y bajas, mientras que las grandes fortunas disponen de todo tipo de artilugios para eludir el pago al fisco.
Sin embargo, tanto Zapatero como los principales grupos de poder son conscientes de que la clase trabajadora y los sectores populares no permitirán, sin ofrecer ningún tipo de resistencia, que se les culpabilice y se les haga pagar por una crisis que no han generado.
Sin embargo, tanto Zapatero como los principales grupos de poder son conscientes de que la clase trabajadora y los sectores populares no permitirán, sin ofrecer ningún tipo de resistencia, que se les culpabilice y se les haga pagar por una crisis que no han generado.
Es por ello que están impulsando toda una serie de medidas de represión preventiva orientadas a disolver los focos de lucha y resistencia que están surgiendo en el Estado español. Uno de estos frentes de resistencia es el del movimiento antifascista, por lo que no resulta sorprendente (aunque sí preocupante) que el pasado mes de febrero la policía detuviera a 17 jóvenes antifascistas malagueños, acusándolos entre otros delitos de asociación ilícita. Cuando el único propósito asociativo de estos compañeros es defender la solidaridad y la convivencia entre personas de diferentes procedencias geográficas, y denunciar todas las agresiones y violaciones de derechos que llevan a cabo el Estado y las bandas fascistas sobre inmigrantes, jóvenes comprometidos socialmente, homosexuales, etc.
Junto a la juventud rebelde y antifascista, la represión “legal y preventiva” del Estado se está cebando sobre los trabajadores/as en lucha y el sindicalismo combativo. Al aluvión de sanciones, despidos, multas, etc. que están sufriendo todos aquellos obreros/as y sindicalistas que están luchando consecuentemente en defensa de sus derechos, debemos añadir los casos en los que se piden condenas de prisión y efectivamente se encarcelan a personas que lo único que han hecho toda su vida es trabajar porque todos y todas tengamos un empleo digno.
Los sectores más explotados de la clase trabajadora, entre ellos los/as inmigrantes, también están comprobando como el Estado endurece las armas de represión legal en su poder. La reciente reforma de la ley de extranjería, que se ha aprobado en el Congreso de los diputados, aumenta de 40 a 60 días el periodo máximo de internamiento de un inmigrante en situación de irregularidad, además de impedir que los residentes extranjeros puedan reagrupar a sus padres si éstos son menores de 65 años.
Por si todo esto no bastara, este sistema de normas y medidas represivas del Gobierno, ejecutadas bajo el paraguas de legalidad que les otorga el deficiente estado de derecho español, se ve complementado con las acciones extralegales de las bandas fascistas que, impulsadas desde las cloacas del Estado, gozan de una significativa impunidad para desplegar toda su violencia nazi. Prueba de ello son las 4.000 agresiones neonazis que se producen al año, y los más de 70 asesinatos de índole fascista cometidos desde 1991, el último de ellos el del compañero Carlos Palomino, según datos del Informe Raxen (Especial 2008) del Movimiento contra la Intolerancia.
Por todo lo anterior, nos vemos obligados a salir otro 20N a la calle para exigir el cese de toda la represión y las agresiones fascistas sobre la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares.
Por todo lo anterior, nos vemos obligados a salir otro 20N a la calle para exigir el cese de toda la represión y las agresiones fascistas sobre la clase trabajadora, la juventud y los sectores populares.
¡BASTA DE FASCISMO Y REPRESIÓN!
¡LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES!
¡QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS!
